Joven de EP, acusado de transportar ilegales

Junto a su padre, otro adolescente, su hermana y el esposo de esta fueron arrestados por autoridades federales

Por: Eleazar Ibarra Son miembros de una sola familia los implicados en el contrabando de 23 indocumentados que el pasado 17 de junio provocaron la movilización de la Patrulla Fronteriza cuando pretendían adentrarse al estado a través de la carretera 85 entre Carrizo y Big Wells y donde uno de los 3 vehiculos en los que transportaban a l3 personas, volcó dejando a 5 fallecidas y 9 heridos. La oficina del Departamento de Justicia ha informado a través de un comunicado que la labor de los agentes de la Patrulla Fronteriza permitieron detener al conductor de la camioneta Suburban 2007 como Jorge Luis Monsiváis de 20 años de edad y residente de Eagle Pass. Además, un adolescente de 17 años de edad que transportaba en otro auto una Tahoe 2008, a 10 inmigrantes ilegales, fue capturado junto con ellos mientras que el chofer de una Tahoe 2013 identificado como Marcial Gómez Santana de 55 años de edad, fue arrstado al igual que su hija Johana Gómez de 19 años y Rudy Gómez de 21, como parte del grupo de traficantes. Los 5 enfrentan acusaciones dentro de una demanda federal y permanecen en custodia. Añade el informe que de los 23 ilegales involucrados en este caso, 21 son ciudadanos mexicanos y dos de origen hondureño. Solamente 6 se encuentran detenidos por enfrentar denuncias federales como testigos materiales pero la investigación sigue en curso, dice el Departamento de Justicia. Representantes de las agencias federales como ICE, de Seguridad Nacional, de la Patrulla Fronteriza del sector Del Río y el alguacil del condado de Dimmit han interpuesto una demanda federal contra los detenidos por motivos de transporte de extranjeros ilegales y conspiración para transportar y albergar a inmigrantes ilegales que resultaron con lesiones graves y por los que fallecieron. De ser encontrados culpables serían castigados con cadena perpetua o muerte, una multa de 250 mil dólares y 5 años de libertad supervisada.